El día en que la novena de Coclé se convirtió en campeona del

torneo de béisbol juvenil y que la luna se tiñó de rojo dando pie

a un eclipse lunar la Asamblea de Diputados, aprobó la Ley 51

de la Caja de Seguro Social, que garantiza según el gobierno la

estabilidad del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

A pesar de que ya está en marcha ha generado polémica por

algunas organizaciones por solo “beneficiar a la banca local y

empresas dedicadas a los fondos de pensiones”

, según una

noticia publicada por el Capital Financiero.

Estas organizaciones también han dicho que hubo falta de

“diálogo y consenso” en ciertos puntos de interés para la

población.

Según la noticia de Adriana Berna de La Estrella de Panamá,

entre algunas modificaciones están el aporte por parte de los

empleados del 9.75% de su salario, mientras que las empresasaumentan su contribución del 13.25% al 15.25% en los

siguientes años.

La decana también menciona de igual manera que los

trabajadores independientes destinarán el 9.3% de su ingreso al

programa de pensiones y el 8.5% para el seguro de enfermedad

y maternidad.

El medio escrito también señala que otro de los puntos que

cambian está el aporte que hará el Estado de $20.5 millones

anuales a las fluctuaciones de tasas de interés, $25 millones

para el programa de Enfermedad y Maternidad y $966

millones para reducir el déficit actuarial.

En cuanto al cálculo de pensiones se determina de acuerdo

con el promedio de los 10 mejores años de cotización.

Giulia De Sanctis presidenta de la Asociación Panameña de

Ejecutivos de Empresa, (APEDE) opina que: “En términos

generales la ley mejora la gobernanza,

“la transparencia y

la rendición de cuentas, así como la posibilidad de

gestionar mejor las inversiones de los fondos para obtener

mayores rendimientos para los cotizantes para aumentar su

pensión”

.

También explica que “la reforma a la ley de la Caja de

Seguro Social era un tema de país que no se había resuelto

a través de los años, dado que el fondo de reserva de laspensiones de beneficio definido (conocidos como

solidarias) estaba llegando a su fin en marzo del 2025”

.

De Sanctis considera “que era urgente una reforma al

sistema de pensiones que asegurará la sostenibilidad del

sistema, que fuera autosostenible, que no impactará

negativamente las finanzas públicas del país y lo más

importante que garantizara pensiones dignas y vitalicias

para los panameños”.

Sin importar la opinión no cabe duda que muchas leyes

en un país estarán sujetas a cambios con el paso del

tiempo y por las circunstancias de la vida.