Dr. Carlos Tuñon R. Profesor Regula De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas-Up (CruColon)
Jaquelen Tuñón R. Magister & Msc/ Profesora Regular De La Facultad De Psicología-Up (CruColon)
Consideramos que un análisis deontológico de la sociedad colonense nos permite concluir que la única forma de recobrar la sociedad es a través de la educación, entendida en los términos propuestos por Juan Jacobo Rousseau escritor del Contrato Social y en especial en su obra Emilio o de la educación “…donde propone una educación progresiva y centrada en la naturaleza y los intereses del niño…”. Rousseau, al afirmar que el aprendizaje surge del descubrimiento espontáneo y del acompañamiento respetuoso del crecimiento, inaugura una visión pedagógica que reconoce la dignidad de la niñez como etapa autónoma y diferenciada, con necesidades específicas y con un potencial que debe ser protegido por la sociedad.
Esta concepción humanista de la educación dialoga, aunque desde una perspectiva distinta, con las tesis conductistas planteadas por John B. Watson, quien, desde una óptica profundamente experimental, sostenía que el comportamiento humano es moldeable a través del ambiente. Watson expresó con audacia: “…Dadme una docena de bebés sanos, bien formados, y mi propio mundo específico para criarlos, y les garantizo que tomaré a cualquiera al azar y lo entrenaré para que se convierta en cualquier tipo de especialista que elija: médico, abogado, artista, jefe de comerciantes, e incluso mendigo o ladrón…”. Esta frase, ampliamente citada en la psicología contemporánea, pone de manifiesto que el entorno social cuenta con una influencia determinante sobre la conducta, el aprendizaje y la construcción de identidad.
Si bien Rousseau enfatiza el respeto a la naturaleza del niño y Watson destaca la capacidad de adaptación del individuo al ambiente, ambas corrientes ofrecen un sustento conceptual relevante para comprender el rol del Estado y de las instituciones educativas en la formación de la ciudadanía. En este sentido, se torna imprescindible reflexionar sobre la responsabilidad social y jurídica del Estado frente a la protección de la niñez y el deber ineludible de garantizar un proceso educativo rígido, continuo, seguro y orientado al desarrollo pleno de las capacidades humanas; y para tales efectos proponemos su retención en centros orientados para tal fin con un cuerpo interdisciplinar de psicólogos trabajadores, sociales, abogados, economía, bellas artes entre otros; que en su conjunto ofrezcan a los jóvenes en riesgos una solución integral y permanente que le permita moldear su conducta de tal forma que regresemos a la sociedad jóvenes robustecidos de valores éticos, morales y cívicos que coadyuven para la construcción de un nuevo Colón y de igual forma cortar el cordón umbilical de suministro de nuevos miembros de las organizaciones criminales.
Bajo estas premisas se fundamenta la propuesta de un Programa de Educación Obligatoria impulsado desde el Centro Regional Universitario de Colón (C.R.U. de Colón). La idea es que estos estudiantes, como parte de su formación profesional y social, participen directamente en las escuelas, colegios y la comunidad en general; en coordinación de las autoridades del Ministerio de Educación y con todas las instituciones o grupos que guarde relación con el tema de los menores en conflicto con la ley de tal forma que generemos un solo esfuerzo para enfrentar el problema que hoy agobia a la comunidad colonense.
Desde el punto de vista legal, jurídico penal, Constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a la educación como un derecho fundamental, cuya garantía corresponde directamente al Estado. La educación obligatoria no es únicamente un mandato jurídico, sino también un mecanismo de protección social. Por ello, la propuesta de que el “PAPÁ ESTADO” asuma de manera más rigurosa la responsabilidad de captar, reintegrar y acompañar a los menores que han abandonado el sistema educativo se encuentra jurídicamente justificada. El Estado, en su función de garante del bienestar general, debe evitar que la falta de orientación derive en trayectorias delictivas, reproduciendo ciclos de exclusión y vulnerabilidad.
En este contexto, el programa plantea que los niños y adolescentes en riesgo sean incorporados a un sistema educativo fortalecido, estructurado y sostenido mediante una intervención multidisciplinaria. Los futuros psicólogos podrán abordar factores emocionales y conductuales; los trabajadores sociales examinarán las dinámicas familiares y comunitarias; los estudiantes de Derecho contribuirán con el análisis normativo y con mecanismos de protección.
Además, la propuesta incluye el compromiso de parte del ministerio de Educación nombrar a los profesores y maestros que serán parte del programa y serán capacitado en ese nuevo modelo educativo bilingüe y el ministerio de Seguridad proporcionará el grupo de personas preparado en el área de seguridad de menores como ocurre con los custodios que controlan la cárcel pública y evidentemente la policía nacional se encargara de la seguridad externa. El retorno social esperado se traduce en la disminución de la deserción, la prevención del reclutamiento delictivo, la protección de la niñez y la formación de jóvenes que, al cumplir los dieciocho años, puedan reincorporarse a la sociedad como productos sociales renovados, plenamente formados y con mayores oportunidades de desarrollo.
En síntesis, esta propuesta concilia los principios filosóficos de Rousseau con los aportes psicológicos de Watson, articulándolos con un enfoque jurídico y social contemporáneo. La educación, entendida como un derecho y como un proceso transformador, requiere una intervención estatal firme y un compromiso comunitario sólido. Solo así podrá garantizarse que cada niño, independientemente de su origen o circunstancias, encuentre un camino seguro hacia su desarrollo personal y hacia su incorporación plena en la sociedad.